04/05/2021 Ambito Financiero - Nota - Política - Pag. 11

KIRCHNERISMO DICTAMINARÁ MAÑANA EN LA BICAMERAL DE TRÁMITE LEGISLATIVO
El oficialismo repite estrategia y blinda DNU de más restricciones mientras espera a Corte Suprema
El Frente de Todos hizo lo mismo a fines de abril pasado, cuando reforzó la postura del Gobierno en medio de la puja de la Casa Rosada y la Ciudad de Buenos Aires en la Justicia por las clases presenciales. Dudas por protocolo virtual vigente en el Senado, pero caducado en Diputados.

Diputados y senadores del Frente de Todos repetirán la estrategia de días atrás y buscarán blindar el nuevo Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) con el que Alberto Fernández gatilló mayores restricciones para “combatir” la segunda ola de Coronavirus.
La reunión será mañana, en la comisión bicameral de Trámite Legislativo que comanda el camporista Marcos Cleri.
La convocatoria se da en medio de la puja entre Nación y Ciudad por las clases presenciales, y la decisión que debe tomar la Corte Suprema por esta cuestión, que se espera que ocurra en los próximos días.
Con mayoría para avanzar sin frenos, el oficialismo quedará en condiciones de firmar un dictamen en la bicameral y aprobarlo al menos en el Senado, donde el cristinismo puede avanzar con gran parte de su agenda, excepto los temas que necesitan dos tercios de los votos, una traba clave para situaciones de alto impacto político.
Bajo este panorama, desde el área legislativa se blindará el DNU en cuestión, que para ser desactivado necesita ser rechazado por ambas cámaras del Congreso, algo casi imposible.
Mientras aguarda el pronunciamiento de la Corte el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, mantiene en su distrito una par de la concurrencia a las aulas con el argumento de que el nivel de contagios de coronavirus en las escuelas es mínimo.
Por su parte, el kirchnerismo replica que la suspensión no obedece a los contagios en las aulas, sino a la circulación de gente generada por la asistencia a las escuelas.
En los últimos días, la Fun dación Apolo tuvo un guiño de la Justicia, que pidió limitar los DNU y delegar el dictado de normas sobre la emergencia sanitaria al Congreso. De hecho, el Gobierno prometió una ley para blindar las restricciones futuras que se realicen. Es decir, una vía para abrazar a la oposición y convertirlo en socio de las decisiones.
La bicameral que maneja Cleri, activa en una parte del año pasado, mermó de manera notoria sus reuniones y desapareció del radar legislativo. Desde abril pasado retomó el trabajo y volverá a salir en ayuda de los cierres de Alberto Fernández.
El viernes último, Cristina de Kirchner firmó una resolución -se debe votar en recinto, aunque se descuenta su aprobación- para prorrogar el protocolo virtual por otros 60 días, el cual permite sesionar y dictaminar. Dicha situación aún no ocurrió en Diputados, por lo que la oposición podría quejarse en caso de que se quiera avanzar mañana en la bicameral con la firma de despachos correspondientes.
Agenda trabada La bancada oficialista tiene que definir dos cuestiones sensibles y postergadas que se encuentran al tope de su fecha límite: la postergación o suspensión de las PASO y un nuevo régimen de biocombustibles.
El ministro del Interior, Eduardo de Pedro, canceló una visita prometida a Diputados para el viernes pasado y el Ejecutivo se corrió del debate sobre elecciones.
De hecho, y así como ocurrió con la reforma del Ministerio Público Fiscal, el kirchnerismo deslizó que no utilizará una iniciativa propia, sino de un aliado más que usual del Frente de Todos en la Cámara baja. El texto fue presentado horas atrás por Pablo Ansaloni, del bloque federal que comanda el amigo massista José Luis Ramón (Mendoza).
Por otra parte, y a días que pierda vigencia el régimen de biocombustibles que impulsó la gestión de Néstor Kirchner, Diputados inició la semana pasada una discusión para modificar dicho sistema y “retocar” los cortes de las naftas -allí también interviene Cleri, pero con señales difusas-, situación que puso en guerra a las provincias petroleras contra las agroindustriales, e incluso con senadores que aún piden que se prorrogue la normativa actual hasta 2024, algo votado meses atrás por la Cámara alta.




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